Hoy publican la mayor parte de los medios de comunicación la noticia de que, según el último informe de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) sobre el sector de hidrocarburos, al que tiene bajo lupa desde hace meses, los Ayuntamientos también son responsables de la falta de competencia en precios de las estaciones de servicio.
A pesar de la liberalización y privatización de la década de los años 90, dice el informe, «la intensidad de la competencia sigue siendo reducida y el intento de ciertos operadores al por mayor que han entrado y pretendido consolidar su presencia en el mercado español se ha visto frustrado por diferentes problemas».
La CNC, que recientemente sancionó con casi 8 millones de euros a las tres grandes petroleras (Repsol, Cepsa y BP) por prácticas anticompetitivas (por fijación indirecta de precios ), carga ahora sobre otros protagonistas, en un discurso que llevan repitiendo las autoridades de competencia desde los años 90. Parece necesario «simplificar el proceso de tramitación de las solicitudes de apertura de nuevas estaciones de servicio y acortar sus plazos, dada la influencia decisiva de la actuación de las administraciones públicas para la apertura de nuevas estaciones de servicio», explica el organismo.
Ver documento: 
2009 – Informe sobre la Competencia en el Sector de Carburantes de Automoción
17/09/2009.- En un documento informativo, la AOP advierte al organismo presidido por Luis Berenguer del “daño que estas conclusiones pueden hacer a las empresas de este sector”, y entiende que esta circunstancia “exige de la CNC una rectificación”.
En el documento, la asociación presidida por el presidente ejecutivo de BP en la Península, Alfredo Barrios, defiende la “transparencia” del sector en la formación de precios, “establecidos por cada compañía de forma independiente”. Además, sostiene que ésta es una de las actividades “más controladas” por los organismos supervisores.
Junto a esto, AOP asegura que el sector es “responsable” y genera empleo en plena crisis, y cifra en más de 6.000 millones las inversiones previstas entre 2008 y 2011. Además, las conclusiones del informe de la CNC, publicadas a comienzos de mes, quedan desacreditadas por el reciente informe sobre el sector de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), publicado el pasado 8 de septiembre.
Costes y morosidad
Para los operadores petrolíferos, el problema del mercado español de distribución de carburantes no radica en una falta de competencia en los términos descritos por la CNC, sino en los incrementos de costes de explotación, las trabas administrativas en las licencias de nuevas gasolineras y en la morosidad.
Estos factores se suman otros aspectos negativos para el sector, como el incremento del coste de transacción en los sistemas de pago, las limitaciones a la venta de determinados productos, el descenso de la demanda o las normas poco eficientes en la incorporación de los biocarburantes.
Argumentario contra el informe
En el documento, la AOP reúne además algunos argumentos en contra de conclusiones concretas del informe de la CNC. Así, sostiene que España es uno de los pocos países de la UE en los que el número de gasolineras ha crecido de forma sostenida y que los hipermercados han duplicado los puntos de venta.
Asegura además que el abandono del mercado español por parte de nuevos operadores entrantes no responde a las limitaciones denunciadas por la CNC, sino a que estas empresas han reorientado su actividad hacia nichos de negocio más rentables. En cuanto al escaso número de operadores de refino, sostiene que sus cuotas de mercado son comparables a las de otros países de la UE.
Además, la asociación deja constancia de la disparidad de criterios de la CNC y la CNE acerca de CLH, y se decanta por la posición de la segunda, que considera que la competencia en el mercado de logística de hidrocarburos está garantizada por el actual derecho de terceros de acceso al sistema.
Competencia pide que los operadores del sector con participación en CLH, esto es, Repsol (15%), Cepsa (14,5%), Disa (10%), BP (5%) y Galp (5%), salgan del capital de la compañía, y reclama una revisión del sistema de gestión de oleoductos con tarifas de acceso regulada por el Ministerio de Industria. Además aboga por que el grupo presidido por José Luis López de Silanes sea transparente en la fijación del precio de acceso a la red.